La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formuló 83 denuncias
penales contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la
voluntad popular, cometidos durante las elecciones regionales y municipales del
5 octubre pasado.
Para impedir que los actos
de violencia perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre
todo, no vuelvan a repetirse, la Procuraduría del organismo electoral interpuso
denuncias en 21 regiones del país.
Según el organismo
electoral, los delitos contra la voluntad popular fueron cometidos bajo
diversas modalidades: atentado contra el derecho al sufragio, suplantación de
votante, sustracción y destrucción de material electoral y disturbios.
También bajo la modalidad
de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones,
perturbación al proceso electoral, sustracción y destrucción de cédulas de
sufragio y de actas electorales.
El artículo 354 del Código
Penal establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años
para el que, con violencia, perturba o impide que se desarrolle un proceso
electoral general, parlamentario, regional o local.
De las 83 denuncias formuladas por la ONPE, en 32 casos se ha
identificado a los presuntos responsables, en algunos de ellos se trata de más
de un ciudadano por cada hecho, mientras que en el resto aún falta identificar
a los responsables.
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