El
caso Andahuasi sigue causando estragos. Las nuevas bajas en la guerra del
azúcar han sido el director de la Revista Vela Verde Pablo O’Brien y el
periodista Pablo Camacho, autores de una nota en la que daban cuenta de la
presión de los Wong en el Poder Judicial. Los colegas de Vela Verde (con
quienes nos solidarizamos) han
denunciado que les hicieron cambiar la carátula y quisieron prohibir que el
reportaje se publique. El silencio de los demás medios sobre esta censura es
ostensible. En este reportaje explicamos los pormenores del juicio que viene
afrontando uno de los principales grupos económicos del país.
Hasta
hace algunas semanas el desalojo de Andahuasi parecía irreversible. El Poder
Judicial había dado luz verde para que el Grupo Wong pase a controlar la
codiciada fábrica de azúcar, y solo faltaba que la policía cuadre su
cronograma. Lo que en realidad esperaban era una decisión política que
nunca llegó. Desde palacio debieron haber evaluado la inconveniencia de sumar
un conflicto social más a la retahíla que tiene. Lo que llegó, en cambio,
fue algo inesperado e inédito para el afortunado grupo económico.
El
problema de Andahuasi es significativo para el presente régimen desde
distintos flancos: la elección del congresista Wilder Ruiz, la base
social de esa parte del país y el almuerzo en las Brujas de Cachiche.
Wilder
Ruiz, actual congresista de Gana Perú, ha sido durante mucho tiempo el portavoz
de los trabajadores de la azucarera Andahuasi y uno de sus principales
dirigentes. Pero, al mismo tiempo, también se convirtió en uno de los hilos más
frágiles de su argumentación. Ruiz tiene diversos cuestionamientos: datos
falsos dentro de su hoja de vida, la relación que mantuvo con el Grupo
Bustamante- otro de los grandes pretendientes de la azucarera- y las
últimas acusaciones- que aún no han sido suficientemente fundamentadas- de
relación con el narcotráfico que ha lanzado el analista Jaime Antezana.
La
gente del lugar había votado mayoritariamente por Ollanta Humala en las
elecciones generales. En parte por la garantía que les inspiraba que Ruiz
llegue al Congreso para velar por sus intereses, como por la diferencia que
creían ver en esta administración en comparación con la del gobierno aprista.
Los andahuasinos creyeron que la victoria de Ollanta Humala implicaba
el triunfo de sus demandas.
Se
equivocaron. La cena del, hasta entonces, vicepresidente Omar
Chehade en el restaurante Las Brujas de Cachiche terminó de sopetón con el
idilio original. El pueblo del norte chico se sintió defraudado con una gestión
a la que habían apostado todas sus fichas.
Si
bien la investigación periodística sacó a la luz el contubernio que parecía
estar armando el vicepresidente a favor del grupo Wong y logró impedir el
desalojo, el tiempo fue aquietando las aguas; y cuando ya el tema parecía
olvidado a inicios de este año el desalojo apareció nuevamente como perentorio.
Hasta que las cavilaciones palaciegas alentadas con el creciente sinsabor de
sus electores pusieron luz roja al desahucio.
Pero
nadie imaginaba, en ese entonces, que la torta podía voltearse en un par de
meses por el lado menos imaginado: el Poder Judicial. Ahí las denuncias
siguieron su curso hasta llegar a un desenlace ansiado para algunos e
imprevisto para otros.
La
Quinta Fiscalía ha formulado la denuncia contra un grupo de
personas vinculadas a una estafa contra los trabajadores de Andahuasi.
Encabezando esta lista se encuentran Erasmo y Eduardo Wong.
El
grupo Wong alega ser propietario de más del 50% de acciones de Andahuasi. La
operación de compra y venta fue cuestionada por los trabajadores de Andahuasi
quienes argumentaron que se les había estafado: las dos personas que hicieron
la transacción a nombre de Andahuasi no habrían contado con el poder para
hacerlo.
El
9 de julio del año 2012 la Fiscalía había resulto no formalizar denuncia
penal contra los hermanos Erasmo y Eduardo Wong, ni contra
sus socios Eduardo Núñez y Carlos Rivas, ex funcionarios de Andahuasi y
acusados por los trabajadores de haber vendido las acciones a espalda de
ellos. Sin embargo, un año después, la misma fiscalía decidió atender la
queja presentada por Wilder Ruiz y por David Jiménez. Al primero ya lo hemos
presentado, el congresista nacionalista y también accionista de Andahuasi y el
segundo ligado, más bien, al otro grupo económico que está tras el dulce botín:
el grupo Bustamante.
La
historia entonces empieza a invertirse y por primera vez, después de tantas
idas y venidas de este inacabable litigio, los hermanos Wong estarán en el
banquillo respondiendo por una serie de irregularidades en los que la justicia
determinará su grado de responsabilidad.
La historia entonces empieza a invertirse y por primera vez,
después de tantas idas y venidas de este inacabable litigio, los hermanos Wong
estarán en el banquillo respondiendo por una serie de irregularidades en los
que la justicia determinará su grado de responsabilidad.
La
fiscalía ha admitido, y tendrá que resolver, la denuncia de la venta
ilegal de 49 millones de acciones de Industrial Andahuasi por parte de Eduardo
Nuñez y Carlos Rivas a la empresa Rio Pativilca de propiedad de Erasmo y
Eduardo Wong.
“Los
denunciados representantes de Industrial Andahuasi Nuñez Cámara y Rivas
Urteaga, pretendieron llevar a cabo una junta General de Accionistas de
carácter universal con fecha 24 de abril del 2009 , para la autorización
de la transferencia de acciones, sin embargo esta no fue convocada conforme a
la declaración jurada de Pablo Espinoza Valderrama; más aún, si con fecha
11 de mayo del 2009 pretendieron llevar a cabo otra junta de accionistas
con el fin de ratificar el supuesto acuerdo , la misma que fue tachada
por el registrador publico de Huacho... Así mismo se les imputa a los
denunciados Erasmo Jesus Rolando Wong Lu Vega y Eduardo Javier Pedro Wong
Lu Vega propietarios de la Empresa Rio Pativilca haberse coludido con los
denunciados Nuñez cámara y Rivas Urtega para adquirir la cantidad de 49’
422,473 acciones…” (Queja N° 154 – 2012 5° Fiscalía Superior Penal de Lima).
El
documento de la fiscalía abunda en detalles de la supuesta estafa realizada por
Núñez y Rivas en asociación con los hermanos Wong. Hacen mención de las
comunicaciones que mantuvo Nuñez con los Wong para poder negociar un buen
precio en la venta de las acciones y en donde se expresa la desesperación
por concretar lo más pronto posible una operación para la que nunca
estuvo autorizado. El representante legal de Río Pativilca, Antonio Palacios,
también implicado en este caso, ha negado de manera persistente la autenticidad
de estos documentos.
La
Quinta Fiscalía que preside el Fiscal Pablo Ignacio Livia, ha considerado que
existen indicios suficientes de estafa y de fraude. Su resolución es
contundente: dice que los hermanos Wong junto con Núñez y Rivas “alteraron la
verdad intencionalmente con medio fraudulento, declaraciones falsas y otros, en
perjuicio de la empresa azucarera Andahuasi S.A.A induciendo a error a los
accionistas de la empresa agraviada”.
A pesar de estos hechos la solución del caso Andahuasi está aún muy lejos, y la
justica que reclaman sus trabajadores tiene demasiadas cortapisas. Si bien por
un lado avanza, ya que es importante que en un país en el que se nos ha
acostumbrado a que los grupos de poder económico salgan incólumes de los
litigios, se investigue a una de las familias más poderosas del país; por otro
lado están ocurriendo hechos que hacen sospechar que la balanza de la
justicia se seguirá inclinando para el lado de siempre.
El
Fiscal Quiroz Grosso está pidiendo que el Poder Judicial archive
este caso. Lo curioso del asunto es que lo hace el mismo funcionario que
denunció el 16 de julio del año pasado (Expediente 4360-2012) los
delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, en el manejo de la demanda
civil contra Andahuasi. ¿Cuáles serán las razones que han pesado
para el cambio de opinión del fiscal Quiroz?
No
es la única paradoja. El otro dato curioso es que lo presenta a un Poder
Judicial presidido por el doctor Enrique Mendoza, quien fue presidente de la
OCMA y durante su gestión investigó personalmente las turbias relaciones
que se estaban tejiendo en el caso Andahuasi. Mendoza viajó a Lambayeque y
descubrió (Investigación 12403-2011), el redireccionamiento del
expediente hacia un juzgado especial y el allanamiento indebido del
ex gerente de Andahuasi, Carlos Alfonso Rivas Urteaga ante su demandante y a la
vez abogado defensor, Antonio Palacios Tejada, gerente legal del grupo Wong .
Tampoco
es la única maniobra que están barajando los Wong. Hace unos días se suspendió
el descerraje que se pretendía hacer a la fábrica. Esta acción consistía en
entregarle las llaves a Carlos Rivas, ya que la labor del administrador
judicial Cesar Chavesta ha concluido. Lo absurdo de esta medida es
que se basa en una demanda que hicieron los trabajadores dos años atrás contra
el administrador porque no les pagaban. Pero el conflicto ya fue solucionado.
Si el descerraje se llegase a concretar (algo que los trabajadores-accionistas
piensan impedir por todos los medios) se estaría usando un conflicto laboral
para resolver un asunto patrimonial, ya que Carlos Rivas está involucrado en la
venta de las acciones al Grupo Wong.
A
la justicia se le suele dibujar como una mujer con los ojos vendados y una
balanza. La metáfora alude a la independencia que ejerce en base a
principios, no importa cuán poderosos sean los demandantes y los demandados.
Los suspicaces se preguntan ¿quién le ha tapado los ojos a la señorita?
Tomado: Revista Ideele.com
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