La Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) y el Ministerio Público suscribieron hoy un convenio mediante al cual
intercambiarán información que permita identificar a los aportantes de la
presente campaña electoral que tengan denuncias penales o investigaciones
fiscales en curso.
El acuerdo de cooperación fue suscrito esta tarde por el Fiscal de la Nación,
Carlos Ramos Heredia; y el jefe del organismo electoral, Mariano Cucho
Espinoza, para contribuir a reforzar los mecanismos de verificación y control
de las finanzas partidarias que realiza la ONPE.
En virtud al convenio interinstitucional, el ente electoral entregará la nómina
de aportantes de los partidos políticos, movimientos regionales y
organizaciones políticas locales que han presentado candidatos a estos
comicios, para que sean contrastada con la base de datos del Ministerio
Público.
Además, la ONPE, proporcionará información al Ministerio Público sobre las
aportaciones recibidas en época de campaña electoral (bimestralmente) y las
aportaciones recibidas en época no electoral (semestralmente).
Por su parte, el Ministerio Público se compromete a entregar a la ONPE
información relacionada a los aportantes de las organizaciones políticas que
tengan formalizada una denuncia penal, en el caso que se encuentren bajo el
marco del Código de Procedimientos Penales.
También sobre los aportantes que tuvieran formalizada una investigación
preparatoria, bajo el marco del nuevo Código Procesal Penal.
El convenio establece, asimismo, una coordinación permanente entre las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y
la ONPE, por aquellos casos que surjan tras un proceso de verificación y
control a las organizaciones políticas en contienda electoral.
De esta manera, el organismo electoral busca fortalecer el proceso de
verificación y control de los fondos partidarios y prevenir o sancionar el
eventual ingreso de recursos de fuentes prohibidas en esta campaña electoral,
labor para la cual viene estableciendo de cooperación con diversas
instituciones para intercambiar información y bases de datos.
En mayo pasado los organismos electorales suscribieron la Alianza por la
Democracia con diversas instituciones del Estado y el sector privado para
remitir información oportuna tanto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para
fiscalizar las hojas de vida, y apoyar la labor de supervisión de las finanzas
de
campaña.
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